Por primera vez en la historia de México, más de 60 pueblos indígenas y afromexicanos, que representan a 25 millones de personas, tendrán la capacidad de ejercer y fiscalizar 12,374 millones de pesos. Este presupuesto se destinará a obras de infraestructura básica, como sistemas de agua potable, drenaje, electrificación y caminos, informó Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
El monto forma parte de los nuevos componentes del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS), que serán liberados este año por las Secretarías de Hacienda y Bienestar. Estos recursos están vinculados a la implementación de la Reforma Indígena y Afromexicana, un cambio trascendental que reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Avances en justicia social y desarrollo comunitario
Regino Montes destacó que muchas de las 13,000 comunidades indígenas y afromexicanas recibirán por primera vez los recursos de forma directa, los cuales serán ejecutados con reglas de operación que se esperan para el segundo trimestre de 2025.
Además, se reforzó el Anexo Transversal 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que incrementó de 48 a 55 programas presupuestales, alcanzando un monto total de 221 mil millones de pesos. Este presupuesto será aplicado por diversas dependencias federales, fortaleciendo las políticas sociales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Impacto en Oaxaca y otras entidades de los Pueblos indígenas y afromexicanos
Oaxaca, que alberga a 16 pueblos indígenas y afromexicanos, será una de las entidades más beneficiadas por la reforma al artículo segundo constitucional. El director del INPI enfatizó que este cambio representa un avance hacia la justicia social, tras décadas de rezago en la asignación de recursos para estas comunidades.
Durante la reciente “conferencia del pueblo”, encabezada por la presidenta Sheinbaum Pardo, se presentaron otros componentes de la reforma, como la traducción de la norma jurídica a lenguas originarias y la asignación directa de recursos a las comunidades.
Este cambio marca un parteaguas en la gestión pública, otorgando autonomía y recursos a las comunidades indígenas y afromexicanas para fortalecer su bienestar y preservar su riqueza cultural.
